El laudo de Rutas de Lima: la factura que la próxima gestión de la capital hereda sin haberla firmado

La deuda que no se firmó en esta gestión

El 21 de septiembre de 2026, la Primera Sala Civil de Lima, subespecialidad comercial, reconoció la validez en el Perú del laudo arbitral extranjero del 11 de mayo de 2020 a favor de la concesionaria de Vías Nuevas de Lima, según la Resolución N.° 13 a la que accedió Gestión. No es un detalle procesal: es la llave que convierte una condena arbitral en un título ejecutable contra la caja municipal. La próxima administración de la capital no negoció ese contrato, no lo firmó y, sin embargo, lo recibirá como una cuenta por pagar.

Cuánto se debe y por qué sigue creciendo

El origen está en el contrato de concesión de Vías Nuevas de Lima, suscrito en 2013, y en la imposibilidad de operar y cobrar el peaje de la Nueva Unidad de Peaje Chillón, según Gestión. El tribunal ordenó a la Municipalidad pagar S/936,403 por la recaudación perdida entre diciembre de 2016 y enero de 2017, y S/215.9 millones por el peaje Chillón entre enero de 2017 y octubre de 2019: en total, S/216.8 millones, más intereses, según la misma nota de Gestión. Esos intereses son la parte que duele: la justicia federal de Estados Unidos liquidó la deuda en aproximadamente S/704 millones a marzo de 2024, y los intereses siguen devengándose, de acuerdo con Gestión. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó en 2025 el pago de unos US$200 millones, según Correo.

Quién firmó, quién paga

El contrato lo suscribió la gestión municipal de 2013, bajo la alcaldía de Susana Villarán, y la fiscalía investiga transferencias de Odebrecht por US$711,000 a un exfuncionario de esa administración, según El Comercio. El punto no es partidario: es que el diseño del contrato dejó un riesgo que nadie corrigió a tiempo y que, una vez abierto el arbitraje en mayo de 2018, se convirtió en un pasivo que crece con intereses, según Gestión. Quien negoció no responde con su patrimonio; responde el presupuesto de la ciudad, es decir, el contribuyente.

La factura llega con dueño nuevo

El reconocimiento del laudo llega a días de que Lima defina a su alcalde para el periodo 2027-2030: en el conteo de la ONPE, Renovación Popular lideraba con 27.7% frente a 26.8% de Avanza País, según RPP. La Municipalidad anuncia una acción de amparo contra el reconocimiento, de acuerdo con Gestión, pero el laudo ya fue confirmado por la justicia estadounidense y, además, la concesionaria mantiene un tercer arbitraje y una demanda ante el Ciadi por US$2,700 millones por expropiación indirecta, según Correo. La próxima gestión tendrá que cuadrar su presupuesto 2027 con esta contingencia encima: menos margen para pistas, seguridad y servicios.

Lo que se descuenta del bolsillo del vecino

Para el ciudadano, el fallo se traduce en dos golpes. Primero, cada sol que la Municipalidad destine al laudo es un sol que no irá a una escalera, una pista o una cámara de seguridad. Segundo, el laudo nace del peaje del Chillón que la concesionaria no pudo cobrar a los vecinos de Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa y Carabayllo: el mismo tramo por el que hoy no se cobra peaje termina en una deuda que sí pagará toda la ciudad. La lección no es contra una empresa ni contra un alcalde: es que los contratos de concesión mal diseñados se pagan dos veces, una en el peaje y otra en el juicio, y ambas con dinero del contribuyente.