Facultades legislativas: el Ejecutivo avisa que avanzará con o sin el Congreso

El arranque del nuevo Congreso bicameral se está jugando en una comisión. El viernes 9, el primer ministro Luis Galarreta sustentó ante la Comisión de Constitución del Senado el pedido de facultades legislativas del Gobierno y dejó la posición del Ejecutivo en una frase: lo que el Parlamento otorgue "saldrán por decreto legislativo"; lo que no, se tramitará como "proyectos de ley o decretos de urgencia", según Altavoz. El mensaje se completó con una advertencia directa: "Con o sin el apoyo del Congreso de la República, nosotros vamos a resolverle los problemas a los peruanos".

El pedido original comprendía ocho materias. La Cámara de Diputados aprobó un texto de 20 puntos que solo delega dos: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. Galarreta reiteró su cuestionamiento a las limitaciones del texto y recordó que la definición final es "competencia exclusiva y final" del Senado, que ahora fija alcances y plazos, según la misma fuente.

La lectura es doble. De un lado, un Ejecutivo que presiona por velocidad para legislar sin pasar por el pleno. Del otro, un Legislativo que dosifica la delegación y se reserva la última palabra. Es la primera prueba de equilibrio entre poderes del nuevo régimen bicameral: cuánto margen normativo se entrega al Gobierno.

Mientras ese pulso avanza, la economía envía señales propias. El BCRP mantuvo su tasa de referencia en 4.25% pese a una inflación total de 4.5% interanual en setiembre, por encima del rango meta, según La República. BBVA Research recortó su proyección de crecimiento a 2.9% para 2026, golpeada por El Niño, y prevé una inflación de cierre cercana a 5%, según La República.

En seguridad, el comando unificado de Fuerzas Armadas y Policía anunciado por la presidenta realizó operativos en La Libertad, según Diario Correo. En lo electoral, la ONPE situó el conteo de Lima en 92.843% de actas, con Renovación Popular al frente con 27.706% frente a 26.838% de Avanza País, según Canal N.

El dato del día no es una norma aprobada sino un tono: el Gobierno dejó claro que no condicionará su agenda a la negociación parlamentaria. Para el ciudadano, el desenlace de ese pulso y del recuento en Lima define cosas concretas: con qué facultades se legislará sobre seguridad y precios en los próximos meses, y quién terminará gobernando la capital cuando se cierren las actas en recuento.

Digest

Nacional

• El BCRP mantiene la tasa en 4.25% con la inflación en 4.5%. El directorio dejó sin cambios su tasa de referencia por más de un año, con la inflación total de setiembre por encima del rango meta. Importa porque la política monetaria sigue en pausa mientras los precios no ceden. La República

• BBVA Research recorta el crecimiento a 2.9%. El banco bajó su proyección para 2026 desde el 3.1% previsto en junio, con El Niño golpeando el agro y la pesca, y estima que la inflación cerrará el año cerca de 5%. Importa porque aleja el escenario de un rebote rápido y anticipa hasta dos alzas de la tasa del BCRP. La República

• El comando unificado ya opera en La Libertad. El premier informó que Fuerzas Armadas y Policía realizaron operativos sorpresivos en la región, dentro del dispositivo anunciado por la presidenta. Importa porque es la primera prueba del nuevo esquema de seguridad frente al crimen organizado. Diario Correo

• ONPE al 92.843% y recuento a la vista. En la alcaldía de Lima, Renovación Popular suma 27.706% y Avanza País 26.838%; los Jurados Electorales Especiales procesaron 6,964 actas observadas hasta el viernes 9, según el JNE, y las audiencias de recuento empiezan el lunes 12 de octubre. Importa porque el margen es estrecho y la definición pasará por la mesa de recuento, no por el conteo. Canal N

Internacional

• El capital chino consolida su control en la generación eléctrica peruana. La hidroeléctrica San Gabán III, de 209.3 MW en Puno, quedó plenamente bajo el control de China Three Gorges Corporation tras la compra de la participación restante de su socio; el grupo estatal también maneja Chaglla. Importa porque consolida la presencia de un actor estatal extranjero en infraestructura estratégica y reabre el debate sobre soberanía energética. Infobae