Comando Unificado contra el crimen: un anuncio nacional que aún no llega a las regiones

El 7 de octubre, el Ejecutivo presentó en el Cuartel General del Ejército un Comando Unificado que articula a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional contra el crimen organizado, con 1,350 efectivos y un centro de control y operaciones Gob.pe. Dos días después, el jefe de la Región Policial de Arequipa reconoció que, por el momento, "no hay ninguna disposición para que las Fuerzas Armadas participen" en su región Correo. Ese contraste resume el problema: lo que falta no es la norma habilitante, sino la cadena de mando. Una declaración de principios no reemplaza un protocolo operativo que baje al territorio.

Un anuncio con números, pero con reglas todavía genéricas

La estrategia es ambiciosa en cifras. Contempla 1,350 efectivos de las FF. AA. y la PNP, un grupo especial de élite y un gran centro de control y operaciones en el Cuartel General del Ejército Gob.pe. El ministro de Defensa precisó que habrá 500 miembros del Ejército, personal de las Fuerzas Especiales Conjuntas y agentes de la SUAT y el GRECCO, además de un programa de rastrillaje urbano Gestión. El viceministro de Orden Interno aseguró que se actuará "dentro del marco legal y de los derechos humanos" y que el liderazgo será compartido entre el Comando Conjunto y el comandante general de la PNP Andina.

Sin embargo, entre las notas de prensa no aparece todavía un decreto o resolución que fije la estructura del comando, los responsables territoriales, los plazos y las reglas de empleo de la fuerza. Lo que se conoce hasta ahora son anuncios y declaraciones, no una norma publicada que precise cómo operará la coordinación en el terreno.

La norma habilitante ya existe; lo que falta es el protocolo

El marco legal no es el obstáculo. El Decreto Legislativo 1095, que regula el empleo y uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas, establece que este "procede luego de la declaración del Estado de Emergencia" Congreso. La Ley 32307, que lo modificó en abril de 2025, precisa que las FF. AA. prestan apoyo a la PNP "previa declaración de Estado de Emergencia" y "cuando la capacidad de la Policía sea sobrepasada" Congreso. Es decir, la ley ya condiciona la intervención militar a un procedimiento y a una constatación de necesidad.

El reto no es habilitar a los militares, sino traducir ese marco en un plan de operaciones claro: quién manda en cada zona, ante qué supuestos interviene cada fuerza y qué mecanismo de control de derechos humanos acompaña cada operativo. Sin eso, la ofensiva corre el riesgo de quedarse en un titular.

El territorio todavía espera directivas

Mientras Lima anuncia, las regiones siguen con sus propios recursos. En Arequipa, el general PNP Antonio La Madrid explicó que la estrategia "estaría concentrada inicialmente en Lima" y que la Policía aguarda directivas superiores; entre tanto, la Policía desarticuló 465 bandas criminales entre enero y setiembre y aún desconoce cuándo recibirá 100 unidades adquiridas por el Gobierno Regional Correo.

La urgencia no admite esperas. En Piura se registraron más de 12 asesinatos en una sola semana, en pleno estado de emergencia, y la región acumula más de 90 homicidios en lo que va del año América TV. En La Libertad suman más de 150 detonaciones con explosivos en lo que va del año RPP. En Arequipa, la PNP contabilizó 317 denuncias por extorsión entre enero y agosto El Búho. Son los mismos territorios donde el anuncio nacional debería materializarse.

Lo que está en juego es la vida diaria de la gente

Para el comerciante de Trujillo que debe pagar un cupo, para la familia de Piura que entierra a un vecino cada semana o para la bodeguera de Arequipa amenazada por una banda, la seguridad no depende de la ceremonia en Lima ni de la cifra de efectivos anunciada. Depende de que exista una cadena de mando que diga, en cada distrito, quién interviene, con qué reglas y ante qué riesgo. Una ofensiva sin protocolo puede terminar en presencia militar sin resultados y, peor aún, sin claridad sobre los derechos de los ciudadanos que dice proteger. El Comando Unificado será real cuando un jefe regional pueda responder cómo y cuándo actúa en su territorio; hasta entonces, es todavía una promesa con uniforme.