Los 111,534 proyectos que el Estado desactivó después de gastar S/ 47 mil millones
No es un problema de ejecución presupuestal: son proyectos que nacen, consumen recursos y mueren sin convertirse en obra. La trazabilidad del gasto, y no solo la norma, está en el centro.
Por Qhawaq

La inversión pública no tiene un problema de arranque: tiene un problema de cierre
Entre enero y junio de 2026 el Estado desactivó 111,534 proyectos de inversión que ya habían ejecutado S/47 mil millones, según un informe del Consejo Privado de Competitividad difundido por Gestión. No son proyectos de papel: son obras que consumieron expedientes, consultorías y, en varios casos, avance físico, y que salieron de la cartera activa antes de convertirse en un bien o servicio para alguien.
La mayoría murió antes de nacer, pero una parte murió recién nacida
Detrás del total hay dos historias. El 72.3% de las inversiones desactivadas no tenía expediente técnico o no registraba gasto desde 2015 o antes, según Gestión. La segunda es más incómoda: el 13.1% (14,659 proyectos) había sido declarado viable entre 2023 y 2026 y ya había gastado alrededor de S/1,575 millones. Ni la juventud del proyecto ni el dinero comprometido bastaron para salvarlo.
La desactivación no exige un responsable público identificado
Ahí está el punto cívico. Cuando un proyecto en ejecución no registra avance financiero durante tres años y la entidad no decide continuarlo ni cerrarlo, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF puede desactivarlo, según Gestión. El mecanismo tiene lógica: un proyecto activo que no avanza sigue demandando presupuesto en perjuicio de otros. Pero desactivar no es cancelar con responsables nombrados: es constatar administrativamente un abandono. Un pequeño grupo puede reactivarse; la mayoría, admite el propio CPC, es presupuesto perdido. Al menos en lo publicado, no existe un registro público que diga, proyecto por proyecto, quién decidió, por qué y cuánto se perdió.
El dinero muerto se concentra en los municipios
Los gobiernos locales concentran el 91.6% de estas inversiones: 102,156 proyectos y S/35.1 mil millones ejecutados. Los gobiernos regionales suman 6,199 inversiones (S/6.1 mil millones) y el Gobierno nacional, 3,179 (S/5.9 mil millones), según Gestión. Por funciones, transporte, educación y saneamiento acumulan el 47.9% de los proyectos y el 54.5% del gasto: S/25.6 mil millones. Y no termina con la desactivación: a septiembre había 18,851 inversiones activas pero en abandono, con S/13.6 mil millones ejecutados y un promedio de 40 meses sin movimiento. De los 188,607 proyectos declarados viables entre 2015 y junio de 2026, solo el 29.7% logró cerrarse.
La paradoja del momento: más dinero mientras se apaga lo ya gastado
El contraste se nota cuando el Ejecutivo pide más: un crédito suplementario de S/8,228 millones, presentado al Congreso, según ATV, y facultades legislativas por 90 días en seguridad y El Niño, aprobadas en la Cámara de Diputados tras una reconsideración, según Andina. Pedir recursos no es ilegítimo; lo que no se puede es pedirlos sin responder antes qué pasó con lo ya gastado. Si el cuello de botella fuera solo la norma, no habría 111,534 proyectos apagados después de consumir S/47 mil millones.
Lo que el ciudadano no vio
Cada sol desactivado es un impuesto que no regresó convertido en posta, colegio, agua o pista. Los S/47 mil millones apagados no son una abstracción contable: son el expediente de un hospital que no abrió, la tubería que no llegó, el aula que no se construyó. Mientras la trazabilidad del gasto no nombre responsables, el ciudadano seguirá pagando dos veces: una por el proyecto que murió y otra por el que lo reemplazará.