La Comisión de Ética se estrena con un escándalo privado
Mientras la Comisión de Ética de Diputados se moviliza por el escándalo personal de la diputada Catherin Palomino, los 7,429 casos de trata acumulados desde 2023 no reciben la misma atención legislativa.
Por Qhawaq
La Comisión de Ética se estrena con un escándalo privado
La Cámara de Diputados instaló el 10 de agosto su Comisión de Ética Parlamentaria y este martes 11 elige a su mesa directiva Congreso. Apenas unas horas después, el diputado Jair Manrique, de Ahora Nación, ya señaló el caso que, a su juicio, debería ocuparla: un expediente construido a partir de chats de WhatsApp atribuidos a la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú), en los que, según Correo, habría afirmado mantener una relación sentimental con el expresidente Pedro Castillo Diario Correo y en los que, además, habría insultado y amenazado a familiares de Castillo y exigido una indemnización de S/300,000 a uno de sus sobrinos RPP. "De comprobarse que son sus chats, debería estar en la Comisión de Ética", sostuvo Manrique RPP.
El caso reúne todos los ingredientes del escándalo político: una diputada de la bancada de izquierda, un expresidente preso, chats íntimos y amenazas. La cobertura mediática ha sido inmediata e intensa. La Comisión de Ética, que según su coordinador Javier Cipriani "no está para perseguir, sino para recuperar la confianza de la ciudadanía" Congreso, recibe así su primer gran expediente moral antes incluso de tener mesa directiva.
7,429 víctimas sin comisión que las mire
Mientras la vida privada de una diputada ocupa la agenda parlamentaria incipiente, la trata de personas acumula cifras que no generan el mismo fervor investigador. Entre enero de 2023 y abril de 2026, el Ministerio Público registró 7,429 casos de trata en el Perú: un promedio de 2,200 al año y 186 al mes La República. Son seis víctimas cada día.
El perfil de esas víctimas es demoledor. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el 86.3% son mujeres. El 51.5% tenía entre 18 y 29 años; el 30.4%, entre 12 y 17 La República. La explotación sexual representa el 54.8% de los casos. Son, en su inmensa mayoría, adolescentes y jóvenes captadas para ser explotadas.
Y sin embargo, la mayoría de los partidos con representación parlamentaria apenas menciona la trata en sus agendas. Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, no incorpora propuesta alguna sobre el delito. Fuerza Popular la encuadra dentro de la lucha genérica contra el crimen organizado, sin medidas específicas de prevención ni atención a víctimas La República.
Una política con 17 céntimos por persona
El problema no es solo de atención legislativa: es de recursos. El Estado cuenta desde 2021 con una Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030, que contempla 42 servicios públicos. Un estudio de CHS Alternativo calculó que su aplicación adecuada requeriría más de S/1,159 millones. En los últimos años, sin embargo, solo se habría destinado alrededor del 1% de ese monto: 17 céntimos por persona La República. Siete de los 42 servicios ni siquiera tienen metas presupuestales y, por tanto, no pueden recibir financiamiento.
Lo que la ética no ve
El ciudadano de a pie no necesita una comisión parlamentaria dedicada a un escándalo privado. Necesita un Congreso que garantice que su hija adolescente no será captada por una red de explotación sexual, que su denuncia no dormirá en una fiscalía sin recursos y que el Estado tiene la capacidad de perseguir a quienes lucran con la dignidad humana.
La doble agenda del Parlamento tiene consecuencias concretas: cada día que la atención política se consume en un escándalo privado, seis personas más ingresan a la estadística de trata sin que el Congreso mueva un dedo. No se trata de elegir entre investigar a Palomino o combatir la trata. Se trata de preguntarse por qué lo primero merece comisiones, portadas y urgencia, mientras lo segundo sigue esperando, desde hace años, los S/1,159 millones que nunca llegan.